Autor: Dr. Enver Vega Figueroa, Director de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal y Egresado del I Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica del CAEN-EPG.
En los últimos años, el Perú ha experimentado un alarmante incremento de la criminalidad, evidenciado en el auge del sicariato, la extorsión, el narcotráfico y la corrupción policial. Paralelamente, el país atraviesa una profunda crisis institucional caracterizada por la debilidad del Estado, la corrupción estructural y la desconfianza en las instituciones. ¿Cómo influye la crisis institucional en el Perú en la escalada criminal, y de qué manera la debilidad del Estado, la corrupción y la desconfianza en las instituciones afectan la seguridad ciudadana y la gobernabilidad?
La criminalidad es un fenómeno social que afecta al bienestar y a la seguridad humana. Estamos ante un problema adaptativo y complejo. Seguirá incrementándose y ocasionando daños –cada vez más graves a la sociedad- mientras no se resuelvan sus causas y no se controlen efectivamente los factores criminógenos (Vega, 2021).
El enfoque sociológico permite comprender la interconexión entre el deterioro del aparato estatal y el crecimiento del crimen organizado desentrañando la compleja relación entre el desorden institucional y la violencia delictiva. La crisis institucional influye significativamente en el aumento de la delincuencia a través de diversos factores interconectados.
La escalada criminal en el Perú puede analizarse a partir de cinco categorías principales: i) Aumento de la violencia y diversificación del delito (sicariato, trata de personas, cibercrimen); ii) Expansión de redes criminales y su influencia en sectores económicos y políticos; iii) Normalización de la ilegalidad a través de economías informales y culturales del delito: iv) Débil respuesta del Estado y colapso del sistema de justicia; y, v) Percepción de inseguridad y transformación del tejido social debido al miedo y la violencia.
Además, la percepción de corrupción e ineficacia gubernamental tiene una correlación directa con el auge del crimen organizado. Diversos estudios indican que las organizaciones criminales prosperan en entornos caracterizados por la inestabilidad estructural y las prácticas corruptas dentro de las instituciones (Gamba et al., 2018; Persson et al., 2012). La interrelación entre delincuencia y corrupción crea un ciclo de refuerzo mutuo, que conduce a un aumento de la actividad delictiva a medida que la ciudadanía pierde la confianza en la capacidad del Estado para brindar seguridad y justicia. Por ejemplo, las fuerzas del orden, a menudo plagadas de corrupción, tienen dificultades para combatir eficazmente la delincuencia organizada lo que perpetúa aún más las actividades delictivas (Shanee et al., 2015).
La categoría de anomia desarrollado por Durkheim (1933) resulta clave para entender el crecimiento del crimen en sociedades donde el orden institucional se ve erosionado. Para Durkheim, la anomia es una condición en la que las normas pierden su fuerza reguladora, generando desorganización y facilitando el comportamiento delictivo. En el Perú, la debilidad del Estado y la corrupción han socavado la estructura normativa, favoreciendo la proliferación de la violencia criminal.
Por su parte, Merton (1938), en su teoría de la tensión, señala que cuando existe una brecha entre los objetivos culturalmente aceptados (éxito económico, estabilidad) y los medios legítimos para alcanzarlos, los individuos pueden recurrir a estrategias ilegales para lograr sus fines. En el contexto peruano, la desigualdad y la falta de oportunidades han impulsado a sectores vulnerables a integrarse en economías criminales.
La crisis institucional en el Perú se manifiesta a través de tres categorías: i) Corrupción estructural, que permite la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal (policía, justicia, gobiernos locales); ii) Debilidad del Estado, reflejada en la incapacidad para controlar el territorio y garantizar seguridad; y, iii) Desconfianza en las instituciones, lo que genera impunidad y deterioro de la legitimidad gubernamental.
Weber (2022) definió al Estado como el monopolizador legítimo del uso de la violencia. Sin embargo, cuando las instituciones estatales fallan en ejercer este control, emergen poderes paralelos, como las organizaciones criminales. En el Perú, la ausencia de un control estatal efectivo ha permitido la consolidación de mafias que operan con impunidad.
Desde una perspectiva contemporánea, Castells (2001) argumenta que la globalización ha generado nuevas redes de crimen organizado que operan a nivel transnacional, infiltrándose en economías formales e informales. En el caso peruano, esto se evidencia en el auge del narcotráfico y el lavado de activos, actividades que prosperan en un entorno de fragilidad institucional.
Asimismo, de Sousa Santos (2003) plantea que, en los contextos de crisis del Estado, surgen territorios sin ley donde las normas jurídicas son reemplazadas por el control de actores criminales. Esto explica la expansión de bandas delincuenciales en diversas regiones del país, donde el Estado ha perdido presencia efectiva.
Es preocupante el desborde criminal y el imperio del delito en la realidad peruana. El Perú se ha convertido en un país que ofrece condiciones favorables para la criminalidad, la violencia, la desigualdad y la injusticia. No hay gestión de la seguridad y no hay autoridad. Se ha instalado la anomia (Vega, 2023). Vivimos atacando consecuencias, criminalizando las consecuencias sociales de fenómenos cuyas causas reales nunca son atacadas (Zaffaroni y Croxatto, 2019).
El deterioro de la seguridad y la crisis institucional tienen repercusiones directas en la cohesión social y la gobernabilidad. Según Bourdieu (1994), la violencia simbólica ejercida por el Estado a través de la corrupción y la impunidad erosiona la confianza de la ciudadanía, fomentando un clima de desesperanza y resignación. Este fenómeno puede observarse en el Perú, donde la población percibe a las instituciones como ineficaces y cómplices del crimen.
La incapacidad del Estado para combatir la delincuencia eficazmente se ve agravada por la frustración ciudadana ante las demandas no atendidas en materia de seguridad y violencia, lo que desencadena un deterioro de la gobernanza. Los ciudadanos, al ser testigos de una gobernanza ineficaz y una corrupción generalizada, recurren habitualmente a medios extralegales para proteger sus intereses, lo que en última instancia erosiona el orden público y contribuye a un círculo vicioso de desconfianza e inseguridad (Bauhr, 2016).
A nivel de gobernabilidad, O’Donnell (2008) introduce el concepto de Estado delegado, donde el poder estatal es fragmentado y ejercido de manera informal por redes de poder locales. En este marco, la influencia de organizaciones criminales en la política y la economía se convierte en un factor determinante del colapso del Estado de derecho.
La crisis institucional en el Perú no es un problema aislado; está estrechamente relacionada con el aumento de la delincuencia, exacerbado por una corrupción arraigada y la desconfianza ciudadana en las instituciones. Esta compleja interacción genera inseguridad ciudadana y una gobernabilidad reducida, ya que la incapacidad del Estado para mantener el orden y la justicia impulsa a los individuos a buscar medios alternativos, a menudo ilegales, para satisfacer sus necesidades de seguridad.
El análisis sociológico de la escalada criminal en el Perú revela que este fenómeno no puede entenderse de manera aislada, sino en estrecha relación con la crisis institucional. La corrupción, la debilidad del Estado y la desconfianza en las instituciones han creado un entorno propicio para la expansión del crimen organizado, afectando la seguridad ciudadana y la estabilidad política.
La crisis institucional en Perú influye profundamente en el aumento de la delincuencia, entrelazada con la corrupción generalizada y la debilidad de los mecanismos estatales, lo que, a su vez, deteriora la seguridad ciudadana y la gobernanza. El largo historial de corrupción del país obstaculiza significativamente el desarrollo de instituciones y estructuras de gobernanza eficaces.
Desde una perspectiva estructural, la solución a esta problemática no pasa únicamente por medidas represivas, sino por el fortalecimiento institucional, la reducción de la impunidad y la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado. Solo mediante un enfoque integral que combine políticas de seguridad con estrategias de desarrollo social será posible frenar el avance de la criminalidad y restaurar la gobernabilidad en el país.
Urge la producción de conocimiento científico transdisciplinario y la generación de evidencia empírica que respalden el diseño de políticas y estrategias, la toma de decisiones gubernamentales y sectoriales en materia de seguridad pública, así como para el planeamiento y ejecución de operaciones policiales orientadas tanto para la prevención, la inteligencia y para el control del crimen (Vega, 2016).
Referencias
Bauhr, M. (2016). Need or greed? conditions for collective action against corruption. Governance, 30(4), 561-581. https://doi.org/10.1111/gove.12232
Bourdieu, P. (1994). Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Anagrama.
Castells, M. (2001). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial.
De Sousa Santos, B. (2003). Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia. Desclée de Brouwer.
Durkheim, É. (1933). The Division of Labor in Society. The Free Press of Glencoe.
Gamba, A., Immordino, G., y Piccolo, S. (2018). Corruption, organized crime and the bright side of subversion of law. Journal of Public Economics, 159, 79-88. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.02.003
Merton, R. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682. https://doi.org/10.2307/2084686
O’Donnell, G. (2008). Hacia un Estado de y para la democracia. En: R. Mariani, Democracia/Estado/Ciudadanía, 25-62. PNUD.
Persson, A., Rothstein, B., y Teorell, J. (2012). Why anticorruption reforms fail—systemic corruption as a collective action problem. Governance, 26(3), 449-471. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x
Shanee, N., Mendoza, A., & Shanee, S. (2015). Diagnostic overview of the illegal trade in primates and law enforcement in Peru. American Journal of Primatology, 79(11). https://doi.org/10.1002/ajp.22516
Vega, E. (2016). Vega, E. (2016). Fenómenos criminales y procesos sociopolíticos complejos y su impacto multidimensional en la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional del Perú. SEDENA.
Vega, E. (2021). Perú. Criminalidad ocasionará daños cada vez más graves a la sociedad. Medium. https://investsocperu.medium.com/per%C3%BA-criminalidad-ocasionar%C3%A1-da%C3%B1os-cada-vez-m%C3%A1s-graves-a-la-sociedad-fb03f3856b99
Vega, E. (2023). Perú: modelo de seguridad pública y evolución del fenómeno criminal. Médium. https://medium.com/@envervega/per%C3%BA-modelo-de-seguridad-p%C3%BAblica-y-evoluci%C3%B3n-del-fen%C3%B3meno-criminal-e914feebebc8
Weber, M. (2022). Economía y Sociedad. FCE.
Zaffaroni y Croxatto, (2019). La crisis de los mitos convenientes. Sobre poder punitivo, construcción criminal y otras angustias. INCRIDIS.
